La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra una mujer por difundir en Twitter un vídeo que muestra a unos supuestos menores migrantes agrediendo a una profesora. Sin embargo, la escena que se ve en las imágenes ocurrió realmente en Brasil y no en España. El fiscal de delitos de odio de Barcelona acusa ahora a la mujer, vecina de Sant Joan Despí, de lesionar "la dignidad de las personas por motivos de discriminación relativos a la nación u origen nacional".
El 13 de junio de 2019, R. M. M. C. publicó en Twitter un mensaje acompañado del vídeo. "Te mando un vídeo de un centro educativo para los emigrantes [sic] menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que lo difundas para que España se entere de una vez por todas cómo nos agradecen que los acojamos". En las imágenes se ve cómo un grupo de alumnos que están en un aula gritan y lanzan papeles a la profesora, tumban sillas y mesas y se ríen en tono de burla.
El vídeo tuvo un amplio eco en Twitter. En ese y otros muchos mensajes se habla siempre de que la escena fue protagonizada por "menas" (menores migrantes). También se apuntaba a Granada como posible lugar donde ocurrieron los hechos. Diversos medios aclararon ya entonces que los hechos habían ocurrido, en realidad, en una escuela de São Paulo. El fiscal Miguel Ángel Aguilar añade que "la investigación policial ha permitido comprobar" que los hechos ocurrieron efectivamente en Brasil y que por lo tanto "no tienen nada que ver con menores de edad que hayan emigrado [sic] a España".
El fiscal acusa a la mujer de buscar, mediante un mensaje "impactante", "vincular una supuesta violencia en las aulas con los menores no acompañados que vienen a España". Su objetivo no era otro, insiste, que "denigrarlos, asociándolos de forma generalizada con actos incívicos, violentos y de falta de respeto a la autoridad del profesorado". La difusión del vídeo falso contribuye a "despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos" contra un colectivo "especialmente vulnerable", lo que conlleva el riesgo de "generar sentimientos de rechazo y hostilidad social frente a ellos".
La investigación arranca de una denuncia de la Síndica de Greuges de Barcelona. Los Mossos identificaron a diversas personas que habían difundido el vídeo en Cuenca, León, Granada y Madrid. El fiscal de Barcelona ha dado traslado a sus compañeros de esas provincias para que indaguen también los hechos. La mujer se acogió a su derecho a no declarar y ahora afronta una querella por un delito contra los derechos fundamentales.
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