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La señora presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, doña Isabel Perelló, ha defendido que no se cuestione a jueces concretos, dentro de una oleada crítica sistémica al poder judicial, la separación de poderes, la imparcialidad e independencia. Sin embargo, entendí como si pensara que el sistema de contrapesos entre poderes solo descansara en la capacidad del poder judicial sobre los dos restantes y no un equilibrio entre los tres, al mismo nivel, como sostenía Montesquieu, siempre preocupado en sus escritos por los jueces y sus excesos.
En cualquier caso, latían en el aire las ofensas dolientes muy recientes por la actuación de ciertos jueces; sin embargo, nada parecía perturbar su ánimo por las ofensas, incluso insultos, sufridos por el poder legislativo y el ejecutivo, llegando al maltrato personal abiertamente pronunciado, al presidente del ejecutivo, señor Pedro Sánchez.
Lo más interesante de destacar es que, sostiene Perelló con razón, que lo que está en peligro, el bien a proteger, no es ninguno de los poderes corporativamente, eso espero, sino la propia democracia. Ciertamente, quizá debido al tuétano propio de este poder judicial que nunca se sometió a procedimiento depurativo alguno tras el fin de la dictadura, los miembros del poder judicial encajan mal las críticas de todo tipo, pregunten si no a los abogados en ejercicio, incluidos sus órganos colegiados.
Pero es lícito que se les critique; que cometan delitos eso ya es otra cosa, quedaría por delante un tortuoso itinerario procesal que ellos conocen bien, pero ahí está y no de manera decorativa en el Código Penal, el tipo de la prevaricación judicial, pero hay tan pocos casos que muy difícilmente pondrían ilustrar doctrina sobre semejante aberración jurídica y democrática. Hubiera sido de gran utilidad que se hubiera pronunciado sobre la filtrocracia, nueva técnica de desestabilización institucional que sin el concurso de ciertos miembros del poder judicial será imposible.
Me hubiera gustado que hubiera afirmado que en un Estado democrático no juzgan las policías judiciales ni siquiera un juez instructor, sino un tribunal que solo se debe a la ley y la Constitución
En la gran maraña de distracción de la conversación pública, nada se dice de cómo cala en el estado permitido de malestar difuso la especie de que una policía judicial –con ingente trabajo de sus Asuntos Internos– pueda determinar culpabilidades y someter sus informes al juicio popular y mediático, se filtren troceados a interesados de parte, señaladamente a determinados medios de comunicación de cámara y ciertos dirigentes políticos, y se someta a investigados reales o aparecidos ocasionales a los expositores de la vergüenza.
Todo sin el papel garante y ciertamente necesario de un juez. Da la impresión, aunque no se duele la señora Perelló, que los jueces han cedido su papel y ya no juzgan. Me hubiera gustado que hubiera afirmado con contundencia que en un Estado democrático no juzgan las policías judiciales ni siquiera un juez instructor, sino un tribunal que solo se debe a la ley y la Constitución.
Otra cosa para la reflexión es si un poder se puede resistir, pongamos que el judicial, a otro con su propia función, la de legislar, por legislar a disgusto de sus intereses corporativos; un poner, al cambio en un sistema de reclutamiento de jueces que ya ha cantado su obsolescencia y su clasismo, y cómo no, si se puede criticar la impericia, cuando no el sesgo instructor, o el torrentismo judicial, una versión propia, del brazo tonto de la ley.
Lo que necesita el sistema son más jueces garantes y menos o ninguno que sobredimensione su papel y se convierta en agente de otros intereses metajurisdiccionales
Con todo esto, me permito citar a Carnelutti, a su vez requerido por el enorme jurista conservador, Landelino Lavilla Alsina: “La investigación es un trabajo psíquico y a menudo físico, que puede alterar el juicio en el sentido de arrastrar al investigador a una supervaloración de los resultados de la investigación, delineándose en él un interés por el éxito, pero tal animosidad perjudica la valoración de los resultados”.
Y sigo ahora con Lavilla Alsina: “La instrucción, configurada en su origen como una mera preparación del juicio oral, subordinada al momento culminante del proceso, se ha sobredimensionado, por su duración, y se ha desnaturalizado por desbordamiento de su carácter instrumental”.
Podría añadir por mi cuenta que lo que necesita el sistema son más jueces garantes y menos o ninguno que sobredimensione su papel y se convierta en agente de otros intereses metajurisdiccionales. Claro que, tal vez, como en aquella película de Hollywood, allí era la falda loca, la simple toga no nos haga lo que aparentamos ni nos haga jueces para la democracia.
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