El Supremo paraliza la ampliación de una granja de cerdos en Granada en uno de los pueblos más contaminados de España

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Castilléjar, un pequeño municipio del Altiplano granadino (1.300 habitantes), ha conseguido algo que en los últimos años se ha vuelto casi imposible: frenar, aunque sea temporalmente, el avance de la ganadería industrial. El Tribunal Supremo ha declarado nulo el acuerdo del Ayuntamiento que permitió la ampliación de una explotación porcina, al considerar que se omitió un paso esencial: obtener el informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)sobre el impacto en los recursos hídricos. La granja pasaba de unas 1.990 cabezas de ganado a 3.998, rozando el límite legal para evitar una autorización ambiental más estricta.

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La resolución judicial sienta un precedente, que puede empezar a marcar el rumbo en la instalación de esta industria en zonas despobladas o rurales como Castilléjar. A partir de ahora, cualquier ampliación ganadera tendrá que contar con el visto bueno previo de la confederación hidrográfica de la cuenca en cuestión, algo que hasta ahora se había venido esquivando de forma sistemática. “Esto que antes se pasaba por el forro de los pantalones, perdona la expresión, ahora el Supremo ha dicho que no”, resume sin tapujos Evaristo Rodríguez, miembro de la plataforma vecinal Salvemos Castilléjar, que impulsó el recurso con medios propios.

El terreno donde estaba prevista la ampliación de la granja no es cualquier terreno. Se trata de una finca que fuepropiedad de la familia del anterior alcalde, Jesús Raya (PSOE), que la vendió mientras aún ejercía el cargo. Aunque una denuncia por estos hechosacabó archivadapor defectos de forma,terminó dimitiendo. La compradora fue una empresa vinculada al grupo Cefusa-El Pozo, que opera bajo el modelo de “integrados”: productores locales crían los cerdos en sus fincas, pero todo el control (piensos, veterinarios, logística, plazos) está en manos de la compañía.

No obstante, la sentencia del Supremo basa su criterio en la Ley de Aguas, en concreto en el artículo 25.4, que indica que cuando una actividad suponga un aumento en la demanda de agua, como es el caso evidente de duplicar la cantidad de animales, será obligatorio un informe de la confederación hidrográfica de turno. Un paso que en el caso de Castilléjar no se realizó porque el ayuntamiento aprobó el proyecto de ampliación sin pedirlo. Y eso, según el tribunal, convierte todo el procedimiento en nulo de pleno derecho. Un defecto que, además, sienta precedente para otros casos similares.

Pero lasuspensión de la ampliacióntiene otra lectura porque Castilléjar no es un municipio más. Está considerado uno de los puntos con más carga contaminante por ganadería intensiva de España. En su término municipal está la macrogranja Dehesa del Rey, considerada la más contaminante del país en emisiones de metano y la tercera en amoníaco,según el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Se estima que de sus instalaciones salen cada año más de 650.000 lechones por lo que el aire está cargado de amoníaco, el agua subterránea contiene nitratos por encima de lo recomendado y el mal olor impregna el entorno. Hay momentos del año en los que, simplemente, no se puede respirar.

“Esto no es contra nadie”, insiste Evaristo Rodríguez, miembro de la plataforma vecinal. “No tenemos nada personal contra los propietarios. Pero no se puede seguir ampliando como si esto fuera un desierto sin vecinos. Ya hay suficiente y más que suficiente”.

Desde la llegada de Cefusa al municipio, hace más de dos décadas, se han construido decenas de cebaderos y naves de cerdas reproductoras. El modelo se presentó como una solución al paro y a la despoblación, pero hoy muchos vecinos lo señalan como una de las causas de la marcha de jóvenes, la caída de precios del suelo y el deterioro ambiental. Vecinos como Rodríguez recuerdan que se han levantado decenas de naves ganaderas en un municipio que apenas supera el millar de habitantes. Muchos viven de manera directa e indirecta de esta industria, lo que genera tensiones y otros simplemente la sufren.

Por su parte, el actual alcalde, Emilio Sánchez, asegura que, nada más tomar posesión, decidió paralizar el expediente por silencio administrativo. “Lo primero que hice como alcalde fue declarar la caducidad. No había pedido lalicencia de obraen el plazo que marca la ley”, explica. Y añade: “El 90% de los vecinos me pidió que frenara la ampliación y yo me debo a ellos”.

Sánchez reconoce que buena parte de la población depende económicamente de la industria ganadera, pero considera que se ha alcanzado un límite. “Esto llegó por necesidad, pero ahora estamos al borde. Hay que parar”, resume. El regidor admite también que la sentencia ha provocado confusión entre la ciudadanía: “Mucha gente me para por la calle preguntando si ahora vamos a permitir más granjas. Y hay que explicar que no, que esto es precisamente una advertencia, incluso para otras actividades. La justicia ha dejado claro que los trámites no se pueden saltar”.

La plataforma vecinal teme, sin embargo, que la empresa vuelva a intentarlo. “Ya han demostrado que no tienen reparo en agotar todas las vías posibles, legales o no, para seguir creciendo. Y sabemos que si no hay presión vecinal o judicial, lo volverán a hacer. Nosotros vamos a seguir hasta donde podamos, aunque sea con lo justo”, explica Rodríguez, que insiste en que el movimiento no es ecologista, sino vecinal: “Aquí no somos ONG ni partido ni nada, solo vecinos que hemos decidido no resignarnos”. “Ellos saben cómo funciona. Presentarán otro proyecto corrigiendo los fallos y volveremos a empezar. Pero ahora tenemos jurisprudencia”.

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Y el riesgo no termina ahí. Entre los planes que se están moviendo en la comarca hay una planta de biogás que procesaría residuos animales de toda la zona, incluidos los del hospital de Baza. Sería, dicen desde la plataforma, la vuelta de tuerca definitiva a un modelo que está dejando sin aire limpio ni agua potable a buena parte del Altiplano. “Castilléjar no puede más. La situación no es sostenible. Y si no lo entiende la administración, lo entenderán los tribunales. O eso queremos creer”.

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